El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, encabezó la tarde de este lunes 15 de julio la presentación de la Ley del Derecho al Bienestar e Igualdad Social, la cual fue aprobada por el Congreso local y publicada en la Gaceta Oficial de la capital mexicana.
Con esta nueva legislación se sustituye la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, aprobada en el año 2000, y se establece el Sistema General de Bienestar Social, mientras busca impulsar políticas públicas y brindar un nuevo marco normativo para que el Estado garantice el pleno goce de los derechos universales de la ciudadanía.
Batres Guadarrama destacó que, además del Sistema anteriormente mencionado, la nueva Ley establece, a través de sus 82 artículos, mecanismos integradores de coordinación, ejecución y planeación para atender a la población, en especial a grupos prioritarios en temas concretos como la pobreza, discriminación, alimentación, educación, salud y vivienda.
¿Cuál es el objetivo de la nueva Ley presentada por Martí Batres?
Martí Batres explicó que la nueva Ley tiene diversos objetivos, tales como “garantizar el derecho al bienestar, que significa gozar de una vida digna para desarrollar las capacidades, vivir libres de pobreza y alcanzar el pleno florecimiento del desarrollo y la autonomía. Brindar herramientas a la administración pública para cumplir con la responsabilidad social del Estado”.
Asimismo, el jefe de Gobierno señaló que con esta nueva legislación se buscan disminuir factores que fomentan la desigualdad; revertir procesos de segregación socio-territorial; organizar la prestación de servicios públicos universales, gratuitos, accesibles, suficientes y de calidad; coadyuvar al ejercicio del derecho a la ciudad y fomentar la reconstrucción del tejido social.
Por otro lado, Martí Batres señaló que, a través de la nueva Ley, se busca establecer criterios para la formulación anual del presupuesto en materia de bienestar; fomentar propuestas de organizaciones ciudadanas en el diseño, monitoreo y evaluación de las políticas; y definir mecanismos y procedimientos que garanticen la exigibilidad de los derechos.
Mientras tanto, la diputada local Martha Ávila Ventura señaló que a través de esta Ley se garantizan las facultades que tienen las alcaldías para instrumentar sus propios programas sociales en beneficio de los habitantes de su demarcación; sin embargo, aseguró que se fortalece la coordinación entre los niveles de gobierno para implementarlos y maximizar su impacto.
vcz.