El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) sostuvo una mesa de trabajo con la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México, esto para exponer los principales retos institucionales y presentar las prioridades presupuestales para el ejercicio 2026.
De acuerdo a las autoridades, la mesa de trabajo se llevó a cabo con el objetivo de fortalecer la política antidiscriminatoria en la Ciudad de México.
Presidenta del COPRED destaca prioridades presupuestales
La Presidenta del COPRED, Geraldina González de la Vega Hernández, subrayó la necesidad de contar con un presupuesto adecuado para garantizar el acceso efectivo a derechos y fortalecer las tareas sustantivas del organismo.
Por ello, se solicitó un incremento mínimo del 15% al presupuesto actual, con el fin de ampliar la cobertura de servicios a espacios donde ha sido históricamente complicado llegar, como las alcaldías de la periferia de la ciudad; además de reforzar el sistema de atención de quejas y reclamaciones por discriminación, a fin de mejorar la capacidad de respuesta y garantizar un acompañamiento oportuno y especializado para las personas afectadas.
Otro punto a realizarse, con el aumento en el presupuesto anual del COPRED, sería la realización de la Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México (EDIS), un ejercicio indispensable de percepción y prevalencia que permite orientar y consolidar estrategias de prevención dirigidas a grupos históricamente discriminados.
La funcionaria también señaló que el incremento presupuestal permitirá ampliar la capacidad operativa del organismo y dotarlo de suministros tecnológicos que faciliten el adecuado desarrollo de las labores cotidianas y de difusión del derecho a la igualdad y la no discriminación.
“El Consejo es el ente rector en materia de igualdad y no discriminación de la capital del país y como tal, y gracias al trabajo de un equipo comprometido y profesional, se ha vuelto en un referente a nivel nacional, y también, a nivel internacional. Recientemente la CDMX fue anfitriona del encuentro de las redes de ciudades arcoíris, gracias al trabajo y visibilidad de acciones antidiscriminación hacia las personas LGBTIQ+”, añadió la presidenta del COPRED. durante la mesa de trabajo.
Durante su participación, González de la Vega Hernández explicó ante legisladoras y legisladores que el organismo cumple más de 35 atribuciones establecidas en la LPEDCM, agrupadas en cuatro ejes esenciales: la atención a la ciudadanía mediante un procedimiento no jurisdiccional y medidas de justicia restaurativa; la identificación de prácticas discriminatorias a partir del trabajo con el sector social, privado, académico y las alianzas interinstitucionales.
Además, la transversalización de la perspectiva antidiscriminatoria en el quehacer gubernamental a través del Programa para Prevenir la Discriminación (PROPED); y el eje de educación y difusión, indispensable para transformar la cultura discriminatoria arraigada en espacios como la escuela, el trabajo, la familia y los medios de comunicación. Estos cuatro pilares, describió, constituyen la arquitectura institucional que sostiene la política de igualdad de la Ciudad de México.
Al referirse al presupuesto, la presidenta destacó que resulta imposible cumplir con este mandato sin recursos suficientes y estables. Explicó que, aunque la población de la Ciudad supera los 9 millones de habitantes, el COPRED opera con sólo 65 personas y menos de 30 millones de pesos, cifra prácticamente estancada desde 2018.
La funcionaria detalló que en siete años el presupuesto apenas ha aumentado 1.1 millones de pesos, al tiempo que la plantilla creció en 11 personas, lo que ha generado una presión estructural sobre los recursos financieros, humanos y materiales. Además, recordó que entre 2019 y 2022 el organismo operó con menos presupuesto que en 2018, y que el techo presupuestal recién asignado para 2026 representa únicamente un aumento simbólico de 385 mil pesos.
González de la Vega recalcó que con el presupuesto para 2026 —30,114,333 pesos— el COPRED debe cubrir salarios y emprender acciones para atender una ciudad de casi 1,500 km² y 16 alcaldías: capacitar a todo el funcionariado público, mantener campañas de largo aliento, acompañar al sector privado, al ámbito educativo, a establecimientos mercantiles y a todas las instituciones que requieren orientación para prevenir y eliminar la discriminación.
Asimismo, al responder las preguntas de las diputadas integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, señaló que la política de igualdad de la ciudad depende de un marco jurídico robusto y actualizado.
González de la Vega destacó la importancia de reformar la Ley de Adquisiciones de la Ciudad de México para impedir que las instituciones públicas contraten a empresas que cuenten con un expediente vigente de discriminación ante el COPRED. Con ello, se busca garantizar que el gasto público sea congruente con el principio de igualdad y evitar que recursos públicos se destinen a proveedores que hayan vulnerado derechos.
Por otro lado, dijo, es urgente revisar y modificar el artículo 206 del Código Penal vigente en la Ciudad de México, ya que la redacción actual del delito de discriminación carece de la técnica jurídica necesaria para su adecuada aplicación. La propuesta de reforma que se presente debe busca armonizar el tipo penal, precisar sus elementos y asegurar que cumpla efectivamente con su función preventiva y sancionadora.
La presidenta del COPRED también expuso la necesidad de impulsar una reforma laboral que establezca como obligatorias las políticas de diversidad, equidad e inclusión en todos los centros de trabajo, advirtió que este avance es fundamental en un contexto internacional de retrocesos.
El COPRED reiteró su disposición para seguir trabajando de la mano del Congreso capitalino en el fortalecimiento del marco jurídico, la política pública y las herramientas institucionales que garanticen el derecho a la igualdad para todas las personas que habitan y transitan en la Ciudad de México.
Con información del Gobierno CDMX.