El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, dio a conocer que oficialmente ha presentado una iniciativa de reforma para que la corrupción inmobiliaria sea castigada con cárcel, es decir que se considere como un delito dentro del Código Penal, para lo cual se contempla incluir un nuevo capítulo en la legislación.
Batres Guadarrama compartió a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter, que él mismo presentó dicha iniciativa para el Código Penal, en la cual se contempla la inclusión del Capítulo XV y el Artículo 276 Quater, en el cual se establece una pena de entre 10 y 20 años de prisión para los servidores públicos que autoricen la construcción de más niveles que los permitidos en las nuevas edificaciones.
De acuerdo a lo explicado por el jefe de gobierno capitalino, esta pena se incrementará en un 50% más cuando el funcionario público señalado de este delito, su cónyuge, descendientes, pariente o cualquier tercero con el que tenga vínculos y sociedades de las que formen parte obtenga algún beneficio económico (no importa si es en efectivo o especie).
Nuevo delito: “Corrupción inmobiliaria”
Esta reforma también adiciona el capítulo 15, bajo el nombre de “corrupción inmobiliaria”, en el cual se incorpora el Artículo 276 Quater, y que finalmente quedó redactado de la siguiente forma:
“Comete el delito de corrupción inmobiliaria el servidor público que permita por acción, por omisión o tolere la construcción de inmuebles o la construcción de pisos adicionales a los autorizados, sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley”, se lee.
Martí Batres aseguró este miércoles que combatirá la corrupción inmobiliaria que, según afirmó, ha tenido un crecimiento “exponencial” del 2009 al 2021. También señaló a la alcaldía Benito Juárez por defender a las empresas que buscaban construir en dicha demarcación inmuebles con mayor altura de la permitida.
“[La corrupción inmobiliaria] es un caso de ilicitud [...], es un fenómeno que permite que altos funcionarios puedan amasar grandes fortunas a partir de los permisos indebidos que otorgan”, indicó esta tarde en conferencia de prensa.
El jefe de gobierno capitalino señaló que este delito tiene consecuencias negativas en la Ciudad de México, tales como el encarecimiento en el precio de la vivienda o la especulación en costos de suelo, así como aquellos inmuebles que resultan dañados en sismos cuando no son construidos bajo la normatividad correspondiente.
El Secretario de Gobierno de la capital mexicana, Ricardo Ruiz Suárez, explicó que esta reforma tiene los objetivos de disuadir el surgimiento de organizaciones como el llamado “Cártel Inmoibiliario”, combatir la corrupción y apoyar la “transformación de política inmobiliaria”.
vcz.